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La ciudadanía bajo sospecha

El Círculo Podemos de Alcalá de Henares celebra una conferencia-debate sobre la Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) y las últimas modificaciones que se añaden al Código Penal, conducentes al recorte de derechos y libertades fundamentales y a la eliminación, por Ley, de la legítima protesta ciudadana ante los abusos del Gobierno.

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Diego Fernández Villanueva, miembro de Legal Alcalá, colectivo que ofrece asistencia jurídica y legal a los detenidos en manifestaciones que residen en el Corredor del Henares (además de otros asesoramientos a asociaciones y grupos locales) fue el encargado de desgranar las últimas novedades que se van a incorporar a la Ley de Seguridad Ciudadana. Una más que controvertida reforma que traerá consigo graves recortes en los derechos y libertades fundamentales, tanto de carácter individual como colectivos.

Según Fernández, estos importantes cambios legislativos entrarán en vigor el próximo 1 de julio de 2015. Justo en la recta final de la legislatura. Lo que supondrá una suerte de blindaje del Gobierno frente al descontento de la ciudadanía, como consecuencia de las políticas regresivas impuestas por el ejecutivo con la aquiescencia del principal partido de la oposición.

La Ley como aliada de la injusticia
Varios son los aspectos que resaltan en este intento de situar a la ciudadanía bajo constante sospecha, pisoteando el derecho a la presunción de inocencia y haciendo que todas las personas parezcan culpables hasta que se demuestre lo contrario. Una peligrosísima pirueta legal que deja en manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE) el criterio a la hora de determinar qué actividades o actitudes podrían resultar contrarias al orden social o a la seguridad.

Y no sólo eso, ya que estas novedades legislativas también prevén otorgar el mismo grado de presunción de veracidad y operatividad a los miembros de empresas de seguridad privadas, equiparando sus actuaciones y competencias con los de los CFSE. Un absoluto despropósito que coloca a los ciudadanos en situación de indefensión frente a colectivos profesionales no cualificados y cuyas actuaciones podrían no ajustarse a derecho acabando, entre unos y otros, con  el principio de proporcionalidad en la aplicación de la Ley.

También entre las propuestas de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana encontramos controvertidas cuestiones como la posibilidad de identificar y vigilar a los ciudadanos por vías telefónicas o telemáticas en sus propios domicilios. Lo que implica cercenar la libertad de expresión (entre otros derechos) al considerar como delito, por ejemplo, la emisión en las Redes Sociales (RR.SS) de mensajes en contra del orden establecido.

Otra de las nuevas medidas que se plantean incide en la obligatoriedad de identificación a requerimiento de los agentes, algo que ya se contemplaba en la anterior Ley y que ahora se endurece al permitir la retención de hasta 6 horas en comisaría de aquellas personas que no porten su DNI o NIE. Una retención que no se considera detención y que, por tanto, carece de las garantías establecidas para ésta última. Además, se establecen diferentes tipos de aplicación para este apartado ya que, según sea la nacionalidad de la persona a identificar, se podrá actuar de diferente forma. En el caso de extranjeros esta identificación podría derivar en la requisa de la tarjeta de extranjería, algo que entra en contradicción con los derechos de no marginalidad. Con la nueva Ley también se podrá proceder a cacheos indiscriminados con la sola sospecha subjetiva del agente en cuestión. Igualmente se podrán registrar vehículos, e incluso domicilios, sin la hasta ahora preceptiva orden judicial.

Tal vez uno de los aspectos que más destacan en todo este engranaje represivo-legal es el que pone claramente de manifiesto la intención del Gobierno de acallar al pueblo. Sobre todo en los artículos que legislan sobre los derechos de manifestación y reunión, cuya catalogación de peligrosidad para el orden público queda en manos de los CFSE y de su criterio subjetivo. En este sentido cabe destacar que se considerará responsable de lo que ocurra en manifestaciones o concentraciones (incluidos disturbios) a la persona física que figure como organizadora, ya que no es válida la organización por parte de colectivos, asociaciones o personas jurídicas. Obviamente el efecto amedrentador que se persigue sobre la población queda fielmente reflejado en este apartado.  Por añadidura también cambia el régimen sancionador de esta Ley. Se incrementan las multas por los delitos en sus diferentes consideraciones (leves, graves y muy graves) desde los 100 hasta los 600.000 euros.

Todo será delito
Además de las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) el Gobierno del PP también ha decidido incluir modificaciones en el actual Código Penal. Entre las principales novedades destaca la desaparición de las faltas, que pasan a clasificarse como delitos. También se impondrá la llamada prisión permanente revisable, un eufemismo lingüístico que pretende disimular la aplicación de la cadena perpetua. Se castigará a las personas que ayuden a inmigrantes ilegales, se penalizará la resistencia pasiva como atentado a la autoridad, etc.  Paradójicamente las modificaciones legislativas para la persecución de la corrupción establecen, para el caso de particulares, que serán consideradas como delito las infracciones a partir de 1 euro, mientras que los grandes desfalcos sólo podrán ser castigados a partir de los 120.000 euros.

Frente a estas maniobras del Gobierno del Partido Popular, que más que reformas a favor de la convivencia recuerdan maniobras de represión que nos retrotraen a tiempos pasados, ya se han alzado algunas voces en organismos internacionales como la ONU, en la que varios especialistas en Derechos Humanos han denunciado estas modificaciones como elementos de eliminación de los derechos fundamentales de los españoles. Sin embargo, de nada servirán estas aportaciones desde fuera de nuestras fronteras si no es la ciudadanía quien pone freno a todos estos despropósitos, que sólo pretenden acabar con la libertad de expresión, el derecho a la legítima protesta y a sojuzgar al pueblo cada vez más pisoteado y reprimido.

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La ciudadanía bajo sospecha

El Círculo Podemos de Alcalá de Henares celebra una conferencia-debate sobre la Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) y las últimas modificaciones que se añaden al Código Penal, conducentes al recorte de derechos y libertades fundamentales y a la eliminación, por Ley, de la legítima protesta ciudadana ante los abusos del Gobierno.

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Diego Fernández Villanueva, miembro de Legal Alcalá, colectivo que ofrece asistencia jurídica y legal a los detenidos en manifestaciones que residen en el Corredor del Henares (además de otros asesoramientos a asociaciones y grupos locales) fue el encargado de desgranar las últimas novedades que se van a incorporar a la Ley de Seguridad Ciudadana. Una más que controvertida reforma que traerá consigo graves recortes en los derechos y libertades fundamentales, tanto de carácter individual como colectivos.

Según Fernández, estos importantes cambios legislativos entrarán en vigor el próximo 1 de julio de 2015. Justo en la recta final de la legislatura. Lo que supondrá una suerte de blindaje del Gobierno frente al descontento de la ciudadanía, como consecuencia de las políticas regresivas impuestas por el ejecutivo con la aquiescencia del principal partido de la oposición.

La Ley como aliada de la injusticia
Varios son los aspectos que resaltan en este intento de situar a la ciudadanía bajo constante sospecha, pisoteando el derecho a la presunción de inocencia y haciendo que todas las personas parezcan culpables hasta que se demuestre lo contrario. Una peligrosísima pirueta legal que deja en manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE) el criterio a la hora de determinar qué actividades o actitudes podrían resultar contrarias al orden social o a la seguridad.

Y no sólo eso, ya que estas novedades legislativas también prevén otorgar el mismo grado de presunción de veracidad y operatividad a los miembros de empresas de seguridad privadas, equiparando sus actuaciones y competencias con los de los CFSE. Un absoluto despropósito que coloca a los ciudadanos en situación de indefensión frente a colectivos profesionales no cualificados y cuyas actuaciones podrían no ajustarse a derecho acabando, entre unos y otros, con  el principio de proporcionalidad en la aplicación de la Ley.

También entre las propuestas de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana encontramos controvertidas cuestiones como la posibilidad de identificar y vigilar a los ciudadanos por vías telefónicas o telemáticas en sus propios domicilios. Lo que implica cercenar la libertad de expresión (entre otros derechos) al considerar como delito, por ejemplo, la emisión en las Redes Sociales (RR.SS) de mensajes en contra del orden establecido.

Otra de las nuevas medidas que se plantean incide en la obligatoriedad de identificación a requerimiento de los agentes, algo que ya se contemplaba en la anterior Ley y que ahora se endurece al permitir la retención de hasta 6 horas en comisaría de aquellas personas que no porten su DNI o NIE. Una retención que no se considera detención y que, por tanto, carece de las garantías establecidas para ésta última. Además, se establecen diferentes tipos de aplicación para este apartado ya que, según sea la nacionalidad de la persona a identificar, se podrá actuar de diferente forma. En el caso de extranjeros esta identificación podría derivar en la requisa de la tarjeta de extranjería, algo que entra en contradicción con los derechos de no marginalidad. Con la nueva Ley también se podrá proceder a cacheos indiscriminados con la sola sospecha subjetiva del agente en cuestión. Igualmente se podrán registrar vehículos, e incluso domicilios, sin la hasta ahora preceptiva orden judicial.

Tal vez uno de los aspectos que más destacan en todo este engranaje represivo-legal es el que pone claramente de manifiesto la intención del Gobierno de acallar al pueblo. Sobre todo en los artículos que legislan sobre los derechos de manifestación y reunión, cuya catalogación de peligrosidad para el orden público queda en manos de los CFSE y de su criterio subjetivo. En este sentido cabe destacar que se considerará responsable de lo que ocurra en manifestaciones o concentraciones (incluidos disturbios) a la persona física que figure como organizadora, ya que no es válida la organización por parte de colectivos, asociaciones o personas jurídicas. Obviamente el efecto amedrentador que se persigue sobre la población queda fielmente reflejado en este apartado.  Por añadidura también cambia el régimen sancionador de esta Ley. Se incrementan las multas por los delitos en sus diferentes consideraciones (leves, graves y muy graves) desde los 100 hasta los 600.000 euros.

Todo será delito
Además de las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) el Gobierno del PP también ha decidido incluir modificaciones en el actual Código Penal. Entre las principales novedades destaca la desaparición de las faltas, que pasan a clasificarse como delitos. También se impondrá la llamada prisión permanente revisable, un eufemismo lingüístico que pretende disimular la aplicación de la cadena perpetua. Se castigará a las personas que ayuden a inmigrantes ilegales, se penalizará la resistencia pasiva como atentado a la autoridad, etc.  Paradójicamente las modificaciones legislativas para la persecución de la corrupción establecen, para el caso de particulares, que serán consideradas como delito las infracciones a partir de 1 euro, mientras que los grandes desfalcos sólo podrán ser castigados a partir de los 120.000 euros.

Frente a estas maniobras del Gobierno del Partido Popular, que más que reformas a favor de la convivencia recuerdan maniobras de represión que nos retrotraen a tiempos pasados, ya se han alzado algunas voces en organismos internacionales como la ONU, en la que varios especialistas en Derechos Humanos han denunciado estas modificaciones como elementos de eliminación de los derechos fundamentales de los españoles. Sin embargo, de nada servirán estas aportaciones desde fuera de nuestras fronteras si no es la ciudadanía quien pone freno a todos estos despropósitos, que sólo pretenden acabar con la libertad de expresión, el derecho a la legítima protesta y a sojuzgar al pueblo cada vez más pisoteado y reprimido.