Archivos de TAGs: Recortes

El Círculo Podemos de Alcalá de Henares debate sobre el negocio de la Sanidad

El Salón de Actos de la Casa de Socorro acogió el viernes un interesante encuentro sobre Sanidad en el que participaron Marciano Sánchez (Secretario de Organización de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública); Luis Esteban (Vicepresidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C) y Félix Bejarano (trabajador del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid).

Los ponentes ofrecieron una visión de la preocupante realidad que define a la Sanidad en nuestra Comunidad, y expusieron las amenazas que planean sobre ella, basadas en políticas mercantilizadoras, que la llevan de un modelo de servicio público y beneficio social, a otro de negocio privado.

Mesa2

El gran negocio de la salud

Marciano Sánchez repasó la evolución del sistema sanitario desde que en 2001 se transfirieron las competencias a las comunidades autónomas. Algo que dio lugar a la progresiva desfinanciación del mismo, resultado tanto de una voluntad política como de la deficitaria transferencia de recursos. Esto ha provocado un descenso continuado de la asignación económica (entre 100 y 150 € al año por habitante) hasta la actualidad. A ello hay que añadir la implantación de un marco legal más tolerante con las privatizaciones. En este aspecto, Sánchez destacó el caso de instituciones sin ánimo de lucro puestas en manos del negocio privado (como la Fundación Jiménez Díaz), la introducción de “iniciativas de financiación privada” (PFI) para la construcción de centros públicos que posteriormente son explotados por empresas privadas, o los casos en que la gestión pública ha sido desplazada por fórmulas mixtas y concesiones administrativas a empresas privadas. El nuevo modelo sanitario se completa con una desaparición de los órganos de participación de profesionales, sindicatos y usuarios. Su implantación supone la exclusión de colectivos (extranjeros inmigrantes y cualesquiera emigrantes -excepto misioneros religiosos-), los recortes en la cartera de servicios (en la que algunos pasan a considerarse “complementarios” y se someten a co-pago), la supresión de fármacos financiados (“medicamentazo”), recortes presupuestarios en la sanidad pública para derivarlos a la privada, privatizaciones de servicios auxiliares (lavanderías, etc.), desmantelamientos de hospitales públicos de referencia (La Princesa) etc.

Marciano Sánchez

Marciano Sánchez Baile, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

La consecuencia de esta actuación política es una importante respuesta social y profesional en defensa de la Sanidad Pública, que alcanza su máxima expresión en la Marea Blanca. Gracias a esta movilización, algunos de los procesos tendentes a convertir la Sanidad en negocio privado se han frenado e incluso, a veces, detenido.

Sin embargo, el cierre de plantas o de centros enteros, los despidos y las privatizaciones no cesan. A veces, la privatización se hace “silenciosa”, bajo la forma de derivaciones a la sanidad privada de pacientes “rentables” en lista de espera. En otras, se fuerza la infrautilización de recursos y equipamientos que conduce a listas de esperas que obligan a derivar casos a los privados.

Los resultados se traducen en incremento de los costes sanitarios, mengua de los recursos, opacidad en la gestión y, en definitiva, empobrecimiento del sector público en favor del privado.

Sánchez Baile cerró su exposición desgranando una serie de medidas alternativas que se proponen para revertir la situación actual y reconducirla hacia el modelo que nos ha puesto a la cabeza de la sanidad mundial. Entre otras, destacó la necesidad de derogar la LOSCAM (Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid) y demás leyes privatizadoras y reemplazarlas por una nueva Ley de Salud, devolver al sistema público niveles de financiación adecuados, recuperar la universalidad de la Sanidad, suprimir todos los co-pagos y las derivaciones hacia el sector privado, detener las privatizaciones y recuperar los centros y servicios privatizados, entre otras. Sánchez invitó a los asistentes a apoyar y secundar las convocatorias de la Marea Blanca.

El negocio de la sangre

Félix Bejarano, explicó los orígenes del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid (CTCAM) desde su creación en 1.988 (organismo encargado de planificar las campañas de donación, procesar, estudiar, conservar y distribuir los componentes sanguíneos atendiendo las necesidades de los hospitales) y cómo llegó a contar con una plantilla de 220 trabajadores y una flota de siete autobuses y cinco furgonetas para las campañas itinerantes de extracción a pie de calle (dando empleo a otros 130 trabajadores más).

Felix Bejarano

Félix Bejarano Muñoz, del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid (CTCAM).

Así, en 2.013 se llegaron a procesar 200.000 unidades de sangre, aproximándose al nivel de autoabastecimiento para toda la Comunidad. Es en este punto cuando el gobierno de la región decide privatizar el servicio itinerante. Los 42 millones de euros en que se valoran los productos sanguíneos que obtiene y gestiona anualmente el CTCAM son una jugosa tarta para el negocio privado, y el gobierno de Ignacio González firma un convenio con Cruz Roja por el que esta entidad, privada, se hace cargo de las extracciones a pie de calle y se las cobra a la Comunidad de Madrid, a razón de 67 € por cada bolsa de sangre. Hay que remarcar que los donantes son personas altruistas que ofrecen gratuitamente su sangre y que, hasta ahora, así la recibía el sistema de salud. Con el nuevo sistema, Cruz Roja cobra por la sangre que los donantes ofrecen y además obtiene el monopolio de la extracción ambulante, todo ello acompañado de la cesión gratuita de todos los medios materiales ligados al servicio.

Sin embargo, Cruz Roja, lejos de demostrar que su gestión pueda ser más eficaz que la del CTCAM, ha exhibido importantes carencias que le impiden alcanzar los niveles de extracciones esperados y dificulta el abastecimiento de los hospitales. Estas dificultades, junto con la conciencia ciudadana, ha llevado a muchos donantes a dejar de lado a Cruz Roja y acudir directamente a los hospitales y al propio CTCAM para efectuar las donaciones.

Bejarano cerró su intervención reivindicando la recuperación del servicio de extracción de donaciones de sangre para el CTCAM y los hospitales públicos, para que la sangre siga siendo fuente de vida y no objeto de negocio.

El negocio de la muerte

El último ponente, Luis Esteban Jiménez, se refirió a la problemática sufrida por los afectados por el virus de la hepatitis “C”. Definió a la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) como “un grupo de ciudadanos organizados contra una injusticia”, destacó que comparten con Podemos el convencimiento de que una ciudadanía organizada puede alcanzar cualquier meta y aprovechó para manifestar su agradecimiento a Podemos por el esfuerzo en hacer visible el drama de los afectados. Especialmente, por haberles ayudado a llevarlo hasta el Parlamento Europeo.

Luis Esteban

Luis Esteban Jiménez, de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC)

La Hepatitis C afecta en España a unas 900.000 personas y provoca unas 4.600 muertes anuales. Es una enfermedad vírica que se transmite por contacto sanguíneo y que, hasta hace poco, condenaba a sus afectados a una muerte segura. En 2012 se descubre un compuesto (sofosbuvir) que demuestra una eficacia curativa próxima al 100%. Tratamientos anteriores no solo habían demostrado una eficacia menor, sino que producían importantes efectos secundarios en la salud de los pacientes. El nuevo medicamento es un antiviral de acción directa contra el causante de la enfermedad, que permite eliminar completamente la infección. El fabricante del medicamento (el laboratorio Gilead, controlado por fondos de inversión multinacionales) comercializa el fármaco al precio de 85.000 dólares por tratamiento, sin otra opción que pagarlo o morir.

Para la PLAFHC, la realidad del problema es tan desesperante como saber que existe un tratamiento eficaz que cura su enfermedad y que el Gobierno se lo niegue, sin más razones que las exclusivamente económicas.

Los afectados no aceptan que nuestro Gobierno, capaz de rescatar a los bancos (con el dinero de todos) no sea capaz de plantar cara a las corporaciones farmacéuticas que han convertido el miedo natural a morir en aliciente de negocio. Así, la PLAFHC se siente obligada a dar batalla en las tribunas públicas y en los tribunales de justicia, para reclamar algo tan elemental como la protección de su propio Estado frente a un abuso del que se convierte en cómplice por inacción.

Jiménez se refirió a las diferencias escandalosas del precio del tratamiento dependiendo del país donde se comercialice, en lugares como Egipto es posible obtenerlo por menos de 1.000 dólares, lo que demuestra que el problema no es el coste de la producción, sino la avaricia de un actor en situación de preponderancia que juega con la vida de los afectados.

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El Círculo Podemos de Alcalá de Henares debate sobre el negocio de la Sanidad

El Salón de Actos de la Casa de Socorro acogió el viernes un interesante encuentro sobre Sanidad en el que participaron Marciano Sánchez (Secretario de Organización de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública); Luis Esteban (Vicepresidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C) y Félix Bejarano (trabajador del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid).

Los ponentes ofrecieron una visión de la preocupante realidad que define a la Sanidad en nuestra Comunidad, y expusieron las amenazas que planean sobre ella, basadas en políticas mercantilizadoras, que la llevan de un modelo de servicio público y beneficio social, a otro de negocio privado.

Mesa2

El gran negocio de la salud

Marciano Sánchez repasó la evolución del sistema sanitario desde que en 2001 se transfirieron las competencias a las comunidades autónomas. Algo que dio lugar a la progresiva desfinanciación del mismo, resultado tanto de una voluntad política como de la deficitaria transferencia de recursos. Esto ha provocado un descenso continuado de la asignación económica (entre 100 y 150 € al año por habitante) hasta la actualidad. A ello hay que añadir la implantación de un marco legal más tolerante con las privatizaciones. En este aspecto, Sánchez destacó el caso de instituciones sin ánimo de lucro puestas en manos del negocio privado (como la Fundación Jiménez Díaz), la introducción de “iniciativas de financiación privada” (PFI) para la construcción de centros públicos que posteriormente son explotados por empresas privadas, o los casos en que la gestión pública ha sido desplazada por fórmulas mixtas y concesiones administrativas a empresas privadas. El nuevo modelo sanitario se completa con una desaparición de los órganos de participación de profesionales, sindicatos y usuarios. Su implantación supone la exclusión de colectivos (extranjeros inmigrantes y cualesquiera emigrantes -excepto misioneros religiosos-), los recortes en la cartera de servicios (en la que algunos pasan a considerarse “complementarios” y se someten a co-pago), la supresión de fármacos financiados (“medicamentazo”), recortes presupuestarios en la sanidad pública para derivarlos a la privada, privatizaciones de servicios auxiliares (lavanderías, etc.), desmantelamientos de hospitales públicos de referencia (La Princesa) etc.

Marciano Sánchez

Marciano Sánchez Baile, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

La consecuencia de esta actuación política es una importante respuesta social y profesional en defensa de la Sanidad Pública, que alcanza su máxima expresión en la Marea Blanca. Gracias a esta movilización, algunos de los procesos tendentes a convertir la Sanidad en negocio privado se han frenado e incluso, a veces, detenido.

Sin embargo, el cierre de plantas o de centros enteros, los despidos y las privatizaciones no cesan. A veces, la privatización se hace “silenciosa”, bajo la forma de derivaciones a la sanidad privada de pacientes “rentables” en lista de espera. En otras, se fuerza la infrautilización de recursos y equipamientos que conduce a listas de esperas que obligan a derivar casos a los privados.

Los resultados se traducen en incremento de los costes sanitarios, mengua de los recursos, opacidad en la gestión y, en definitiva, empobrecimiento del sector público en favor del privado.

Sánchez Baile cerró su exposición desgranando una serie de medidas alternativas que se proponen para revertir la situación actual y reconducirla hacia el modelo que nos ha puesto a la cabeza de la sanidad mundial. Entre otras, destacó la necesidad de derogar la LOSCAM (Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid) y demás leyes privatizadoras y reemplazarlas por una nueva Ley de Salud, devolver al sistema público niveles de financiación adecuados, recuperar la universalidad de la Sanidad, suprimir todos los co-pagos y las derivaciones hacia el sector privado, detener las privatizaciones y recuperar los centros y servicios privatizados, entre otras. Sánchez invitó a los asistentes a apoyar y secundar las convocatorias de la Marea Blanca.

El negocio de la sangre

Félix Bejarano, explicó los orígenes del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid (CTCAM) desde su creación en 1.988 (organismo encargado de planificar las campañas de donación, procesar, estudiar, conservar y distribuir los componentes sanguíneos atendiendo las necesidades de los hospitales) y cómo llegó a contar con una plantilla de 220 trabajadores y una flota de siete autobuses y cinco furgonetas para las campañas itinerantes de extracción a pie de calle (dando empleo a otros 130 trabajadores más).

Felix Bejarano

Félix Bejarano Muñoz, del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid (CTCAM).

Así, en 2.013 se llegaron a procesar 200.000 unidades de sangre, aproximándose al nivel de autoabastecimiento para toda la Comunidad. Es en este punto cuando el gobierno de la región decide privatizar el servicio itinerante. Los 42 millones de euros en que se valoran los productos sanguíneos que obtiene y gestiona anualmente el CTCAM son una jugosa tarta para el negocio privado, y el gobierno de Ignacio González firma un convenio con Cruz Roja por el que esta entidad, privada, se hace cargo de las extracciones a pie de calle y se las cobra a la Comunidad de Madrid, a razón de 67 € por cada bolsa de sangre. Hay que remarcar que los donantes son personas altruistas que ofrecen gratuitamente su sangre y que, hasta ahora, así la recibía el sistema de salud. Con el nuevo sistema, Cruz Roja cobra por la sangre que los donantes ofrecen y además obtiene el monopolio de la extracción ambulante, todo ello acompañado de la cesión gratuita de todos los medios materiales ligados al servicio.

Sin embargo, Cruz Roja, lejos de demostrar que su gestión pueda ser más eficaz que la del CTCAM, ha exhibido importantes carencias que le impiden alcanzar los niveles de extracciones esperados y dificulta el abastecimiento de los hospitales. Estas dificultades, junto con la conciencia ciudadana, ha llevado a muchos donantes a dejar de lado a Cruz Roja y acudir directamente a los hospitales y al propio CTCAM para efectuar las donaciones.

Bejarano cerró su intervención reivindicando la recuperación del servicio de extracción de donaciones de sangre para el CTCAM y los hospitales públicos, para que la sangre siga siendo fuente de vida y no objeto de negocio.

El negocio de la muerte

El último ponente, Luis Esteban Jiménez, se refirió a la problemática sufrida por los afectados por el virus de la hepatitis “C”. Definió a la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) como “un grupo de ciudadanos organizados contra una injusticia”, destacó que comparten con Podemos el convencimiento de que una ciudadanía organizada puede alcanzar cualquier meta y aprovechó para manifestar su agradecimiento a Podemos por el esfuerzo en hacer visible el drama de los afectados. Especialmente, por haberles ayudado a llevarlo hasta el Parlamento Europeo.

Luis Esteban

Luis Esteban Jiménez, de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC)

La Hepatitis C afecta en España a unas 900.000 personas y provoca unas 4.600 muertes anuales. Es una enfermedad vírica que se transmite por contacto sanguíneo y que, hasta hace poco, condenaba a sus afectados a una muerte segura. En 2012 se descubre un compuesto (sofosbuvir) que demuestra una eficacia curativa próxima al 100%. Tratamientos anteriores no solo habían demostrado una eficacia menor, sino que producían importantes efectos secundarios en la salud de los pacientes. El nuevo medicamento es un antiviral de acción directa contra el causante de la enfermedad, que permite eliminar completamente la infección. El fabricante del medicamento (el laboratorio Gilead, controlado por fondos de inversión multinacionales) comercializa el fármaco al precio de 85.000 dólares por tratamiento, sin otra opción que pagarlo o morir.

Para la PLAFHC, la realidad del problema es tan desesperante como saber que existe un tratamiento eficaz que cura su enfermedad y que el Gobierno se lo niegue, sin más razones que las exclusivamente económicas.

Los afectados no aceptan que nuestro Gobierno, capaz de rescatar a los bancos (con el dinero de todos) no sea capaz de plantar cara a las corporaciones farmacéuticas que han convertido el miedo natural a morir en aliciente de negocio. Así, la PLAFHC se siente obligada a dar batalla en las tribunas públicas y en los tribunales de justicia, para reclamar algo tan elemental como la protección de su propio Estado frente a un abuso del que se convierte en cómplice por inacción.

Jiménez se refirió a las diferencias escandalosas del precio del tratamiento dependiendo del país donde se comercialice, en lugares como Egipto es posible obtenerlo por menos de 1.000 dólares, lo que demuestra que el problema no es el coste de la producción, sino la avaricia de un actor en situación de preponderancia que juega con la vida de los afectados.